Muchas personas trans que conozco suelen comentar que tienen muchos problemas porque su imagen no concuerda con el nombre que aparece en el carnet de identidad. Desde miradas sorprendidas hasta acusaciones de subplantación de personalidad, hay de todo, y es suficiente como para disuadirles de hacer cosas que para casi todo el mundo son cotidianas, como pagar con targeta, apuntarse a un gimnasio, estudiar…

Desde que yo empecé a hormonarme he cogido cuatro vuelos, con una escala en cada vuelo (en el último año he viajado mucho en avión… antes no viajaba tanto), lo que supone hacer 4 check-in’s y mostrar billete y documentación ocho veces, e identificarme en 4 aduanas. Además, he pasado por once controles policiales (con las hormonas se me debe haber puesto cara de sospechoso o algo así), he solicitado un visado para permanecer temporalmente en un país extranjero, he pagado innumerables veces con targeta, he recogido paquetes postales… y en todo este tiempo no he tenido ningún problema digno de mención. Como mucho, alguien me ha preguntado con sorpresa «¿Usted se llama Elena?»

A lo mejor el motivo por el que no tengo problemas es que la foto que tengo tanto en el DNI como en el pasaporte es una foto actual. Vamos, que se ve claramente que soy yo. No como en el carnet de conducir, que tiene una foto de mi hermana. Y claro, si la foto no se parece, y el nombre tampoco… es normal que la gente ponga caras raras y pregunte de quién es ese carnet. Se supone que son «documentos de identidad», es decir, que tienen que servir para identificar a la persona que lo lleva.

Aunque nos identifica mal. A menudo recuerdo una anécdota que contaba un amigo ecuatoriano. Este chico recibió una denuncia que le habían puesto, sólo que como el nombre que usa no es el mismo que su nombre legal, el juicio nunca se llevó a cabo, puesto que la persona denunciada, en realidad no existía.

No estoy teniendo problemas con el DNI, pero sí con los administrativos. Y además es muy cansado. No importa si se trata de ir al médico, de ir a la academia donde preparo las oposiciones, o de matricularme en la universidad. Cada vez que me cruzo con una administrativa (y digo «una» porque, por algún motivo, son todas mujeres) y le pregunto si es posible que en vez de anotarme en donde sea que me está anotando con mi nombre legal lo haga con el nombre de Pablo, me encuentro con la misma respuesta: «no se puede».

No se puede, porque ahora todo está informatizado, y los datos llegan desde una base de datos central a la que ellas no tienen acceso. Tratar de pensar en algo que no sea lo que hacen cada día 300 veces les resulta muy difícil, es mucho más sencillo decir que no se puede y ya está. Simplemente, tachar y hacer una rectificación a mano, se convierte en algo complicadísimo, de consecuencias desconocidas e inapreciables, que incluso da algo de miedo.

Siempre hay que ir más arriba. Si es un hospital, al médico. Si es una empresa privada, a la administración central. Si es la universidad, entonces más vale dibujar un mapa, porque ahí ya sí que se pierde uno. No es que me queje de que alguien me haya tratado mal, al contrario, todo el mundo se apura mucho y hace lo que puede… solo que lo que puede es muy poco, lo que hay que hacer es muy complejo. Un nivel de dificultad absurdo para algo tan sencillo como substituir cinco letras por otras cinco distintas.

Por otra parte, nada de esto ocurriría si el Estado reconociese mi nombre en primer lugar. Cuando pienso en esto, me doy cuenta de que en realidad estoy siendo un poco injusto. Protesto y reclamo ante las personas a las que tengo acceso, las que están más abajo (incluso cuando me dirijo a quienes están por encima de las administrativas, siguen siendo personas que están más abajo que el juez del registro civil, o que el legislador que crea las leyes que me están causando problemas), y las que en realidad no tienen culpa ninguna. Sin embargo, parece que no hay manera de dirigirse directamente hacia los primeros que deberían reconocer mi identidad. Tal vez con quien debería hablar es con el defensor del pueblo, no con el defensor del estudiante de la universidad.

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